La Paz en Colombia (esa mentira piadosa) // Tomás Aslterra
Derechos
Humanos que obligó al Estado colombiano a una indemnización de 14 mil hectáreas
y 20 mil millones de pesos por su responsabilidad en la masacre del Nilo en
1991. La operación paramilitar que causó 21 muertes y cientos de desplazados
habría sido orquestada desde la finca La Emperatriz, propiedad de Lulle y hoy uno
de los terrenos recuperados, donde se han construido viviendas, plantaciones y
altares en torno a los antiguos cementerios indígenas que todavía ahí se
encuentran. Los indígenas y campesinos del cauca no solo reclaman estos
terrenos como propios ante esta evidencia ancestral o de presente legal (el
fallo de la CIDH) sino también ante el desastre ambiental y humano que
propician los negocios de Lulle. El monocultivo de azúcar ha desertificado la
zona y dañado las fuentes de agua, haciendo inviable la subsistencia en muchos
de sus territorios. En Colombia 0,4% de los propietarios abarca el 60% de la
tierra. Y mientras los llamados cañeros, trabajadores de la industria
azucarera, ganan 400 mil pesos al mes (muy por debajo del salario mínimo legal
vigente), los ingresos del conglomerado económico Lulle ascienden a más de 6
billones de pesos al año.
La
historia de Colombia documenta que la mayoría de sus familias más ricas no sólo
han ganado sus fortunas en base a la explotación laboral y el desastre
ecológico, sino también gracias a la violencia (como la guerra civil de los
años 50 que permitió ampliar sus propiedades gracias al desplazamiento
campesino). Frente a estas injusticias y las reflexiones de un grupo de
campesinos desplazados en conjunto con estudiantes urbanos nacieron las FARC.
Precisamente luego de la masacre de Marquetalia, donde el gobierno de Colombia
con apoyo de los Estados Unidos bombardeó las comunas autogestivas de las
montañas del Tolima donde estos campesinos se habían refugiado de La Violencia
(como los colombianos llaman a la guerra civil de los 50as.
Los
ocho años de la presidencia de Álvaro Uribe Velez (2002-2010) marcaron también
el avance económico de estas élites en base a la violencia, esta vez,
principalmente, en manos de empresas multinacionales, que aprovecharon el
accionar de los grupos paramilitares para entre otras cosas: asesinar
sindicalistas en busca de mejoras laborales, líderes indígenas fomentando la
autonomía y denunciando los planes extractivistas de estas empresas, generar
masacres en poblaciones que rechazaban estos planes para que cambien de opinión
o directamente ocupar sus territorios tras el desalojo. Los casos son miles y
están debidamente documentados. Millones de desplazados, cientos de fosas
comunes, miles de asesinatos políticos, falsos positivos (jóvenes de barrios
periféricos asesinados para ser presentados como guerrilleros caídos en
combate), judicialización de intelectuales, artistas y líderes sociales que
denunciaban estas injusticias ocultadas por una intensa cobertura mediática (de
la que obviamente participó RCN). Mientras estos planes se ocultaban, el
gobierno de Uribe se popularizó por su progreso económico, su alianza con
Estados Unidos y su encarnizada lucha contra las FARC y otros grupos guerrilleros,
a quienes se los vinculó con todos los males y violencias del país. Cómo nunca
en la historia de Colombia, el poder militar y paramilitar, financiado por
Estados Unidos, se desplego en el territorio. El Plan Colombia que fue
presentado al mundo como lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, fue en
realidad un plan terrorista de apropiación de tierras en manos de grupos
narcotraficantes devenidos en sicarios de las élites económicas. Los acuerdos
de paz de La Habana son la consecuencia de la derrota de las FARC frente a esta
avanzada. No solo por la pérdida de sus principales líderes ideológicos y el
poder territorial en muchas zonas de Colombia, sino también por la pérdida de
apoyo popular.
Cierta
vez, en una asamblea de indígenas del Cauca, se esbozó la posibilidad de un
grupo armado indígena. Un mayor pidió la palabra. Dijo algo así como: “Miren el
ejemplo de las FARC. La historia dice que nacieron de esta misma inquietud que
tenemos. De la violencia con la que el gobierno injustamente nos reprime y nos
roba las tierras. Pero: ¿Quién vende las armas? Los gringos ¿Y a cuanto las
venden? Muy caro. Yo creo que esa es la respuesta de porque las FARC muchas
veces han terminado cayendo en las mismas injusticias, los mismos negociados,
que aquellos contra los que combate. No creo que sea razonable ese camino”.
Sin
embargo nadie que apoye la solución pacífica a los problemas de Colombia puede
dejar de reconocer la virtud de las FARC y otros grupos guerrilleros, no solo
en la vocación social y política con la que nacieron o el irremediable uso de
las armas frente a la injusta violencia de la élites económicas (razonamiento
al que llegó hasta un cura pacifista como Camilo Torres), sino también por
mantener entretenido al ejército colombiano y sus planes de ocupación. Pocos
pueden asegurar que este legendario y diverso grupo guerrillero no haya
cometido injusticias, no halla secuestrado personas, extorsionado campesinos o
traficado cocaína. Pero al menos yo nunca oí hablar de guerrilleros de las FARC
cortando cabezas con motosierras y jugando a la pelota con la cabeza de líderes
campesinos o asesinando sindicalistas en frente de sus familias por pedir media
hora de almuerzo en una jornada de ocho horas. Acciones que si cometieron esos
mismos grupos paramilitares que, está comprobado, fueron apoyados por empresas
multinacionales y el gobierno de Estados Unidos, financiaron la campaña de
Uribe y participaron de escándalos de venta de armas y narcotráfico
internacional como el Iran-Contras. Paramilitares que fueron indultados y
recibieron subsidios gracias a la Ley de Justicia y Paz aprobada durante el
gobierno de Uribe.
Luego
de que muchos de sus líderes fueran extraditados por narcotráfico a Estados
Unidos en el preciso momento en que comenzaban a desnudar y confesar una densa
trama criminal en la que estaban involucrado no sólo el gobierno y el ejército
de Colombia sino también numerosos empresarios locales. Luego de hacer
numerosas transferencias de tierras de campesinos desplazados a terratenientes
locales y empresas multinacionales. Quizás esas mismas tierras en los llanos
orientales (una de las zonas más calientes del conflicto entre el gobierno
colombiano y las guerrillas) donde el gobierno de Juan Manuel Santos acaba de
firmar un acuerdo con el zar de la soja Gustavo Grobocopatel para explotar 3
millones de hectáreas. Grobocopatel, que a través de la canciller argentina
Susana Malcorra fue invitada a asesorar los acuerdos de paz en Cuba.
Cuba, lejos de Colombia, donde hace pocos meses la periodista María
Elena Salinas del canal Univisión le preguntó al Comandante Timochenko: “¿Por qué le conviene al gobierno de EEUU apoyar a la guerrilla
colombiana?”. Timochenko responde: “Es por los intereses que ellos tienen desde
el punto de vista geoestratégico y económico. Porque es un conflicto que
también los ha degasta a ellos. Fueron más de 10 mil millones de dólares que
sale del presupuesto de Estados Unidos. Además estamos en un momento de crisis
financiera mundial. Fueron casi 12 años y no hubo resultados, no nos derrotaron.
Porque las condiciones que alimentan el conflicto están vivas. Ahora, hay también todos esos megaproyectos, en las zonas fuertes del
conflicto, hay muchos intereses económicos que si desaparece el conflicto, pues
hombre, van a tener posibilidad de desarrollarse”.